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Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá

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2.4. Preguntas y respuestas frecuentes

  1. La designación de la autoridad a la que se dirige.
  2. Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante y o apoderado, si es el caso, con indicación de su documento de identidad y de la dirección donde recibirá correspondencia. El peticionario podrá agregar el número de fax o la dirección electrónica. Si el peticionario es una persona privada que deba estar inscrita en el registro mercantil, estará obligada a indicar su dirección electrónica.
  3. El objeto de la petición. ( para el caso de la quejas nombre de la entidad y del funcionario contra quíen se dirije la observación) (para las denuncias ss necesario que se indique las circunstancias de tiempo, modo y lugar con el obejeto que se establecer responsabilidades.
  4. Las razones en las que fundamenta su petición. (Si lo desea puede adjuntar pruebas)
  5. La relación de los requisitos exigidos por la ley y de los documentos que desee presentar para iniciar el trámite.
  6. La firma del peticionario cuando fuere el caso.
  7. La autoridad tiene la obligación de examinar integralmente la petición, y en ningún caso la estimará incompleta por falta de requisitos o documentos que no se encuentren dentro del marco jurídico vigente y que no sean necesarios para resolverla

La Secretaría General es una entidad que actúa a través de todos los sectores de la administración distrital, creando los escenarios ideales, las herramientas y mecanísmos para que los proyectos estratégicos de la ciudad se materialicen.
Su misión es elevar la efectividad de la administración para contribuir al bienestar y calidad de vida de los ciudadanos.

Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en el Código contensioso administrativo, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.

El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado.

Salvo norma legal especial en contrario y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción en la entidad.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

Cuando se trate de una solicitud de información de los congresistas, esta se deberá resolver dentro de un término máximo de CINCO (5) días calendario, siguientes a la fecha de su recepción (Art 258 de la ley 5/92)

Las quejas, reclamos y denuncias se resolverán dentro de los QUINCE (15) días hábiles siguientes a su recibo, exceptuando aquellas que requieran de un proceso disciplinario, las cuales serán atendidas en los términos previstos por el código único disciplinario.

Las peticiones se resolverán o contestarán dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible resolver o contestar la petición en dicho plazo, se deberá informar así al interesado, expresando los motivos de la demora y señalando a la vez la fecha en que se resolverá o dará respuesta. Cuando la petición haya sido verbal, la decisión podrá tomarse y comunicarse en la misma forma al interesado. En los demás casos será escrita.

Una petición ciudadana puede presentarse:

  • Por Telefóno: Marcando gratuitamente al 195, línea de información del Distrito Capital.
  • Por medio escrito: Enviando su comunicación directamente a la entidad distrital competente o a la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., Carrera 8 N° 10 – 65.
  • Por Internet: Ingresando al Portal web de Bogotá: http://www.bogota.gov.co/sdqs/
  • Personalmente: A través de la Red CADE.
  • Por vía electrónica: Ingresando al formulario electrónico: http://sdqs.bogota.gov.co/sdqs/publico/registrarPeticionario/
  • Por buzón: Los dispuestos en la entidades distritales

Cuando una petición no se acompañe de los documentos e información requeridos por la ley, en el acto de recibo la autoridad deberá indicar al peticionario los que falten. Si éste insiste en que se radique, así se hará dejando constancia de los requisitos o documentos faltantes.

Si quien presenta una petición verbal pide constancia de haberla presentado, el funcionario la expedirá en forma sucinta.

Las autoridades podrán exigir que ciertas peticiones se presenten por escrito, y pondrán a disposición de los interesados, sin costo, a menos que una ley expresamente señale lo contrario, formularios y otros instrumentos estandarizados para facilitar su diligenciamiento. En todo caso, los peticionarios no quedarán impedidos para aportar o formular con su petición argumentos, pruebas o documentos adicionales que los formularios por su diseño no contemplen, sin que por su utilización las autoridades queden relevadas del deber de resolver sobre todos los aspectos y pruebas que les sean planteados o presentados más allá del contenido de dichos formularios.

Actualmente la Secretaría General cuenta con espacios presenciales como la Red CADE y los Centros de Atención – CLAV, que están ubicados estratégicamente en las distintas localidades de la ciudad. Así mismo, la Secretaría cuenta con el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. En él usted podrá radicar derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones, consultas, solicitudes de información y denuncias por posibles actos de corrupción y éstos serán respondidos por la entidad.

De conformidad con lo establecido en el Decreto distrital 623 de 2016, la oferta institucional en materia de vivienda está a cargo de la Secretaría de Hábitat. A su vez,  dicha normativa creó el Programa Integral de Vivienda Efectiva -PIVE, el cual busca el acceso a una vivienda digna o superar las carencias básicas de una vivienda por parte de hogares en condición de vulnerabilidad o de desplazamiento forzado por el conflicto armado interno (artículo 1, Decreto 623 de 2016).  

Para ello, el mencionado programa ofrece diferentes soluciones habitacionales a estos grupos, a continuación se describen las modalidades para el acceso a la vivienda tanto urbana y rural en la ciudad:  

Componente Modalidad Descripción Monte del aporte Normatividad Distrital
Vivienda nueva Vivienda nueva

1. Financiación, generación, habilitación de suelo y/o desarrollo de proyectos de vivienda en los cuales los hogares beneficiarios, logren el cierre financiero para su adquisición o se vinculen en modelos de leasing habitacional con opción de adquisición. 

2. Financiación de generación de vivienda para construcción en sitio propio en suelo rural. 

3. Financiación de generación de vivienda para minorías étnicas.  Éstas se podrán otorgar tanto en suelo urbano como rural

Hasta treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes- SMLV y dependerá del nivel de ingresos del hogar postulante. En el caso de minorías étnicas podrá ascender a por un monto de hasta 62 SMLV por núcleo familiar. Decreto 623 de 2016, artículos 10 -14, 24 y 25 
Vivienda nueva Adquisición de vivienda por obtención de cierre financiero En esta modalidad busca garantizar el cierre financiero para la adquisición de la vivienda por un monto equivalente al que resulta de descontar del precio de venta de la misma el valor correspondiente al aporte del Distrito Capital, a través de crédito, recursos o ahorro propio, la aplicación de subsidios de vivienda, o del Valor Único de Reconocimiento otorgado por la Caja de la Vivienda Popular en el caso de los hogares inscritos en los programas de reasentamiento Hasta treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes- SMLV y dependerá del nivel de ingresos del hogar postulante. En el caso de minorías étnicas podrá ascender a por un monto de hasta 62 SMLV por núcleo familiar Decreto 623 de 2016, artículos 15 
Vivienda nueva Adquisición de la vivienda por leasing habitacional  En la modalidad de leasing habitacional, se podrá dar de contado o diferido, de acuerdo con la capacidad de endeudamiento y acceso del hogar al sistema financiero. Se podrá destinar a: (a)  Abono o pago total del canon inicial; (b) Pago de la opción de adquisición hasta el valor del aporte individual; (c) Pago de las cuotas mensuales y de la primera escrituración de la vivienda.  Hasta treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes- SMLV y dependerá del nivel de ingresos del hogar postulante. En el caso de minorías étnicas podrá ascender a por un monto de hasta 62 SMLV por núcleo familiar Decreto 623 de 2016, artículos 16 -22 
Vivienda nueva Construcción de vivienda en sitio propio para suelo rural  A esta modalidad pueden acceder los hogares que tengan ingresos entre 1 y 2 SMLV, sólo podrá financiar los proyectos de vivienda en suelo rural del Distrito Capital.  Hasta treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes- SMLV y dependerá del nivel de ingresos del hogar postulante. En el caso de minorías étnicas podrá ascender a por un monto de hasta 62 SMLV por núcleo familiar Decreto 623 de 2016, artículo 23 
Vivienda nueva Generación de soluciones habitacionales para minorías étnicas 

Consiste en la financiación para la construcción de soluciones habitacionales acordes con sus usos y costumbres, que cumplan con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros determinados por la Secretaría Distrital del Hábitat 

Los aportes otorgados por el Distrito Capital no incidirán sobre la propiedad de los terrenos de las comunidades 

Hasta treinta y cinco (35) salarios mínimos legales mensuales vigentes- SMLV y dependerá del nivel de ingresos del hogar postulante. En el caso de minorías étnicas podrá ascender a por un monto de hasta 62 SMLV por núcleo familiar Decreto 623 de 2016, artículo 24 
Mejoramiento de Vivienda  Habitabilidad: son obras tendientes a mejorar las condiciones básicas de la vivienda, a través de reparaciones o mejoras locativas que no requieren la obtención de permisos o licencias por las autoridades competentes.  Se entrega por una sola vez al hogar beneficiario, con el objeto de superar una o varias de las carencias básicas de una vivienda perteneciente a un desarrollo legal o legalizado  dieciocho (18) SMLV  Decreto 623 de 2016, artículos 29 - 34 
Mejoramiento de Vivienda  Reforzamiento estructural: son intervenciones tendientes a reducir la vulnerabilidad sísmica de las construcciones Se entrega por una sola vez al hogar beneficiario, con el objeto de superar una o varias de las carencias básicas de una vivienda perteneciente a un desarrollo legal o legalizado  veintiséis (26) SMLV  Decreto 623 de 2016, artículos 29 - 34 

 

El mencionado programa establece diferentes componentes para prestar una atención integral, y en el caso de las víctimas de desplazamiento, la ACDVPR prestará asesoría y acompañamiento en la ruta de acceso a la vivienda, en los Centros Locales de Atención a Víctimas (Decreto 623 de 2016, artículo 8). 

Asi mismo, los beneficiarios serán escogidos mediante un sistema matemático de calificación que dará prioridad a los hogares más desfavorecidos. Los interesados deberán agendar una cita para la inscripción en la página www.habitatbogota.gov.co o al teléfono 3581600 opción 1, y escoger uno de los lugares habilitados para la inscripción: la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría del Hábitat, alguno de los Centros Locales de Atención a Víctimas (CLAV), o algún punto de las 8 Casas de la Mujer.  

Por lo anterior, remitimos su petición a la Secretaría Distrital de Hábitat a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, por ser la entidad competente para resolver de fondo su requerimiento respecto de este asunto.  

Se hace necesario indicar que la competencia legal de las entidades territoriales, frente a la entrega de los componentes de ayuda o atención humanitaria inmediata se encuentra regulada en el artículo 2.2.6.5.2.1 del Decreto 1084 de 2015, reglamentario de la Ley 1448 de 2011, que establece que “la entidad territorial receptora de la población víctima de desplazamiento, debe garantizar los componentes de alimentación, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina y alojamiento transitorio, mientras se tramite la inscripción en el Registro Único de Víctimas” (Negrita fuera del texto original). 

Una vez verificados los sistemas de información de víctimas, se constata que usted rindió declaración ante el Ministerio Publico, la cual se encuentra en estado de valoración. En efecto, se hace necesario verificar su situación socioeconómica actual y determinar si procede o no el otorgamiento de ayuda en cualquiera de los componentes indicados por la Ley. Para lo anterior, debe acercarse con su documento de identidad a cualquiera de nuestros CLAV, a fin de iniciar la ruta.  

Una vez verificados los sistemas de información de víctimas, se constata que usted se encuentra incluida en Registro Único de Víctimas -RUV-, por ende, será la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas la entidad competente en la asistencia humanitaria según lo indica el artículo 64 de la Ley 1448 de 2011 en los siguientes términos: 

“Atención Humanitaria de Emergencia. Es la ayuda humanitaria a la que tienen derecho las personas u hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el acto administrativo que las incluye en el Registro Único de Víctimas, y se entregará de acuerdo con el grado de necesidad y urgencia respecto de su subsistencia mínima.” 

La entrega de los componentes de subsistencia mínima y sus prórrogas se realiza por la UARIV según la valoración de carencias determinada en el Decreto 2569 de 20141. 

La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación (ACDVPR) en ejercicio de sus funciones establecidas en el artículo 7 del Decreto 425 de 2016 de asesorar, orientar, gestionar y coordinar las estrategias encaminadas a la reparación integral de la población víctima residente en Bogotá, desde la línea de generación de ingresos ha trabajado en procesos de articulación entre el sector público y privado a fin de contribuir y facilitar la inserción productiva de la población víctima del conflicto armado residente en la ciudad de Bogotá. Así las cosas, se creó una estrategia, en torno a los aspectos socioeconómicos, la cual cuenta con cinco componentes claramente diferenciados: 

  1. Acompañamiento psicosocial y orientación vocacional y laboral: Estos ejes transversales, están orientados a fortalecer las habilidades blandas de la población víctima, con una valoración y diagnóstico, que pretende estructurar un modelo y unas herramientas hechas a la medida para contribuir a su incorporación al mercado laboral y productivo de la ciudad.  
  2. Formación académica superior: Siempre de la mano del acompañamiento Psicosocial, la ACDVPR realiza la gestión necesaria para que las personas víctimas que consideren que la formación superior es necesaria para su desarrollo productivo en la ciudad, puedan hacerlo por medio de la oferta presentada por el Distrito o la Nación. 
  3. Empleabilidad: Esta etapa va dirigida a la población víctima residente en Bogotá D.C. que considera el acceso a un empleo digno como fuente de ingresos para contribuir a su desarrollo económico y el de sus familias. De esta manera la ACDVPR realiza las gestiones pertinentes con agencias públicas de empleo, entidades públicas del sector, empresa privada y organismos internacionales, para vincular laboralmente a la población objeto en condiciones favorables para la restauración de sus derechos. 
  4. Orientación empresarial: Esta etapa está dirigida a las personas víctimas que consideren que el emprendimiento es la ruta para contribuir con su desarrollo económico y el de sus familias. De esta manera la ACDVPR realiza los acercamientos necesarios con las entidades públicas del sector, para que las unidades productivas de la población víctima cuenten con el asesoramiento, el financiamiento y oportunidades de mercado que permitan contribuir con la economía familiar y local. 
  5. Seguimiento y evaluación: Las políticas públicas requieren para la medición de impacto, el continuo seguimiento y oportuna evaluación, con el fin de tomar decisiones en torno a sus resultados. Es por ello que esta etapa es fundamental en el desarrollo de la estrategia. Lo anterior, también está dirigido hacer seguimiento con las entidades públicas y privadas del sector, a fin de identificar el estado de remisiones realizadas de la población a las diferentes ofertas. 

Por lo anterior, la ACDVPR acorde a los lineamientos del CONPES 3616 de 2009, realiza un proceso de caracterización en el componente de gestión de ingresos a través de la herramienta SIVIC en los Centros Locales de Atención a Víctimas –CLAV- como puerta de ingreso a la ruta de gestión para la estabilización socioeconómica. Este proceso permite obtener el historial ocupacional de una persona, a través de la identificación de habilidades, intereses, destrezas, formación y experiencia laboral, así como desempeño productivo, creando así un perfil ocupacional con la perspectiva de orientar y fomentar su inclusión socio-productiva a través de la gestión, focalización, remisión y seguimiento de la oferta acorde al perfil. 

Si desea abordar el tema con mayor profundidad lo invitamos a visitar los Centros Locales de Atención a Víctimas –CLAV- para que allí sea orientado vocacional y laboralmente con el propósito de minimizar las barreras de acceso a la inclusión productiva. 

Por otro parte, en relación con la entrega y fortalecimiento de Proyecto Productivo, le informamos que según lo establecido en  artículo 2° del Decreto 437 de 2016, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, como líder del sector “Generación de Ingresos”, es la entidad “encargada de formular, orientar y coordinar políticas de incentivos para propiciar y consolidar la asociación productiva y solidaria de los grupos económicamente excluidos” y  de “formular y coordinar políticas para propiciar la realización de convenios con organizaciones populares y de economía solidaria que implementen proyectos productivos y de generación de empleo”. Por tanto, será dicha dependencia quien definirá los lineamientos de tales políticas, en conjunto con las demás entidades del orden nacional, tales como: 

  • Ministerio del Trabajo 
  • Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
  • Departamento Nacional de Planeación 
  • Ministerio de Comercio Industria y Turismo 
  • Ministerio de Educación Nacional 
  • Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
  • Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 
  • Fondo para la Financiación del Sector Agropecuario. 
  • Departamento para la Prosperidad Social 

En consecuencia, remitimos su petición a la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico, entidad competente para dar respuesta de fondo a su petición a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, según lo establecido en el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sustituido por la Ley 1755 de 2015 artículo 1°. 

De conformidad con los artículos 156, 157 y 158 de la Ley 1448 de 2011, corresponde a la UARIV llevar a cabo el proceso de valoración, y determinar la procedencia de la inclusión en el Registro Único de Víctimas -RUV, decisión que de materializa en un acto administrativo. En efecto, también es competencia de dicha entidad la certificación de la información contenida en el RUV, así como la expedición de copias de las decisiones por ella proferidas.

Ley 1448 de 2011 contempla una serie de programas y mecanismos para el acceso a la asistencia, atención y reparación integral, que para el caso particular del derecho a la restitución de tierras, se encuentra regulado en el Capítulo III de la norma en cita. Para lo anterior, se crea un procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las víctimas del despojo y abandono forzoso que hubiesen ocurrido desde el 1 de enero de 1991 con ocasión del conflicto armado interno. El procedimiento es mixto en cuanto se compone de una etapa administrativa (inscripción en el registro de tierras despojadas) y de un recurso judicial (acción de restitución).  

De igual forma se determinó que es la Unidad Administrativa Especial de Gestión Restitución de Tierras Despojadas la competente para surtir la etapa administrativa previa a la etapa la etapa judicial en la que se resuelve la restitución jurídica y material de los predios abandonados. Esta etapa administrativa determina la procedencia de la inclusión del predio en el Registro Único de Restitución de Tierras, de cuya administración la UGRT es la responsable (artículo 76, Ley 1448 de 2011). Además de lo anterior, la UGRT llevará, a nombre de las víctimas, las solicitudes o demandas de restitución ante los Jueces y/o Magistrados de Restitución de Tierras. 

La Secretaría General cuenta con una sede principal ubicada en la Carrera 8 No. 10 – 65. Ponemos a disposición de la ciudadanía la RedCADE que cuenta con 7 SuperCADE, 18 CADE y 33 RapiCADE. Conozca la ubicación y horarios específicos de cada uno de los puntos de la red aquí.

Respecto a la condonación del crédito o créditos adquiridos por usted, es necesario informar que el trámite y procedimiento respectivo a lo solicitado, se encuentra reglado en la Ley 1448 de 2011 artículo 128 el cual establece: 

“ARTÍCULO 128. MEDIDAS EN MATERIA DE CRÉDITO. En materia de asistencia crediticia las víctimas de que trata la presente ley, tendrán acceso a los beneficios contemplados en el parágrafo 4° de los artículos 16, 32, 33 y 38 de la Ley 418 de 1997, en los términos en que tal normatividad establece.

Los créditos otorgados por parte de los establecimientos de crédito a las víctimas de que trata la presente ley, y que como consecuencia de los hechos victimizantes hayan entrado en mora o hayan sido objeto de refinanciación, reestructuración o consolidación, quedarán clasificados en una categoría de riesgo especial de acuerdo con la reglamentación que expida la Superintendencia Financiera. Las operaciones financieras descritas en el presente artículo no serán consideradas como reestructuración.

Parágrafo. Se presume que aquellos créditos que hayan entrado en mora o hayan sido objeto de refinanciación, reestructuración o consolidación, con posterioridad al momento en que ocurrió el daño, son consecuencia de las violaciones a las que se refiere el artículo 3° de la presente Ley.”.

Conforme a lo mencionado anteriormente, es necesario indicarle que para acceder a este beneficio se debe cumplir con las siguientes condiciones: 

1.            Ser víctima del conflicto armado y que se encuentre incluido en el Registro Único de Víctimas - RUV: Personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños por hechos ocurridos a partir del 1° de enero de 1985. (Art. 3. Ley 1448 de 2011). 

2.            Tener créditos activos con establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

3.            Que esos créditos activos hayan entrado en mora o hayan sido objeto de: Refinanciación, Reestructuración o Consolidación, como consecuencia del hecho victimizante.

Ahora bien, para acceder a esta categoría de riesgo especial, usted debe:

1.            Dirigirse al establecimiento de crédito vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, con el cual adquirió la deuda que actualmente no ha podido cumplir a causa del conflicto armado. 

2.            Que esos créditos activos hayan entrado en mora o hayan sido objeto de: Refinanciación, Reestructuración o Consolidación, como consecuencia del hecho victimizante. 

3.            Una vez allí, ponga en conocimiento de la entidad, el hecho victimizante por el cual no pudo cumplir con sus obligaciones. Solicite al establecimiento la inclusión inmediata en la categoría de riesgo especial. El establecimiento de crédito verificará el cumplimiento de los requisitos.

Para el caso de las víctimas, es pertinente mencionar que el “FONDO DE REPARACIÓN PARA EL ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA” cuenta con un capítulo especial para Bogotá, en el cual están articulados los esfuerzos financieros del Ministerio de Educación Nacional – MEN, la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas- UARIV, la Secretaría de Educación Distrital – SED, la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación – ACDVPR, y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior- ICETEX, como administrador del Fondo.  

No obstante, las condiciones y beneficios del fondo, la verificación de requisitos para acceder a las convocatorias, así como la selección de beneficiarios, se encuentra a cargo del ICETEX, por lo cual remitiremos su solicitud mediante oficio a dicha entidad, por ser competente para resolver sus inquietudes.   

 

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